Desde CNT denunciamos que la empresa VISERVEIS, dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos de motor, que da servicio a diversas operadoras de la AMB asistiendo y reparando parte de sus flotas de autobuses, no dispone de título habilitante para ejercer su actividad, ni lo ha dispuesto durante los más de 10 años que lleva funcionando. Además, no ha atendido el requerimiento de cese de la actividad impuesto por el Ayuntamiento de Barcelona en marzo de 2024.
Esto ocurre como resultado de la inoperancia y permisividad de l’Ajuntament de Barcelona, que es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que forman el tejido empresarial de la ciudad.
Así, aunque l’Ajuntament de Barcelona concedió una licencia ambiental en enero del 2015 a la empresa VISERVEIS (lo cual solo ello no habilita para el ejercicio de la actividad), esta ya había iniciado la actividad en noviembre de 2014. Además, dicha empresa nunca llegó a presentar ante el Ayuntamiento el acta de control inicial con resultado favorable, siendo este último un trámite preceptivo, requisito indispensable y previo al inicio de la actividad, que garantiza que la realidad de las instalaciones se ajusta al proyecto presentado ante el Ayuntamiento para la obtención la licencia, y a las condiciones que impone la misma. Esto es, que dicha acta verifica el cumplimiento por parte de la empresa de las condiciones ambientales, no ambientales, de seguridad contra incendios y de integridad y seguridad de los trabajadores, y es la que habilita para ejercer la actividad. Por lo tanto, al carecer VISERVEIS de este acta de control inicial con resultado favorable, el Ayuntamiento desconoce si esta empresa es un riesgo para el medio ambiente y las personas.
No obstante lo anterior, en febrero de este año (5 años después de que la licencia ya estuviera caducada por no haberse presentado el control inicial en los 4 años posteriores al otorgamiento de la licencia), l’Ajuntament de Barcelona ya sí requirió a VISERVEIS la presentación del acta de control inicial, y no habiendo sido atendido el requerimiento, ha impuesto el cierre y cese de actividad a la empresa.
A día de hoy, la orden de cierre y cese no ha sido atendida, y el Ayuntamiento sigue permitiendo que una empresa opere sin ningún tipo de control medio ambiental ni tampoco en prevención de riesgos para los trabajadores, lo cual es aún más grave siendo que esta empresa presta servicio a operadoras de concesión pública, como son TMB o TUSGSAL entre otras, de toda el Área Metropolitana de Barcelona, y por tanto se beneficia de dinero público.
